Esta historia se remonta al momento del lanzamiento del firmware iPhone 1.1.1, momento en el cual un buen puñado de terminales iPhone con jailbreak empezaron a prestar el servicio de ladrillo, o en su defecto, de carísimo pisapapeles. Los demandantes han solicitado al juez que instruye el caso que obligue a la compañía que entregue la mencionada actualización para que sea examinada al detalle, para comprobar si la empresa actuó de mala fe y de manera premeditada y provocó que muchos iPhone quedasen inutilizados.
La cuestión no es tan sencilla como pudiera parecer, partiendo de la base de que Apple está en su derecho de proteger su software ligado a su hardware por motivos de estrategia empresarial y dudo que suelte tan alegremente sus secretos. Por otra parte se apunta la posibilidad de que Apple lanzase dos firmwares distintos, uno para los iPhone legales, y otro para los jailbrokeados, con el fin de que sus usuarios regresasen nuevamente al buen camino con la operadora exclusiva -AT&T en este caso- y de rebote, beneficiasen económicamente a Apple con los datos y cuotas cobradas, parte de las cuales se van a parar a Cupertino.
Puede que lo más interesante de toda esta historia es que podría sentar un precedente judicial al respecto, por si se avecinan más demandas. De todas formas, la justicia no funciona al mismo ritmo que la tecnología, por lo que este proceso en cuestión no se puede comparar con la actualidad, decenas de actualizaciones y dos modelos de iPhone después.
